El País – Decreto del Gobierno Vasco

• El periódico El País publica en su edición nacional (en papel y en formato on line) del día 15 de mayo de 2012 una información sobre la próxima aprobación de un Decreto por parte del Gobierno vasco que obligará a reutilizar el software de las aplicaciones informáticas de esta administración

• La información en el medio de prensa con mayor difusión del Estado (alrededor de 250.0000 ejemplares de media, con unos 850.000-900.000 lectores de media diaria) recoge los proyectos del Gobierno vasco en este campo

• La nueva legislación es fruto del acuerdo marco firmado por ESLE con el Departamento de Justicia y Administración del Gobierno vasco liderado por Idoia Mendia

A continuación reproducimos el texto de El País (15/05/2012) publicado por la periodista Laia Reventós en la sección de Tecnología.

El sector público vasco, obligado a reutilizar el ‘software’

• Euskadi utima el decreto de apertura y aprovechamiento de aplicaciones informáticas

• Su objetivo es racionalizar los costes tecnológicos y evitar duplicaciones

Las aplicaciones creadas por el sector público vasco son cerradas, si su propietario no dice lo contrario. En un mes y medio será al revés: los programas serán abiertos, salvo los de colaboración público-privada o que afecten a la seguridad. El Gobierno de Patxi López ultima el decreto que regula la apertura de las aplicaciones informáticas, como ya hizo Andalucía en 2005. Por primera vez, además, un ejecutivo obliga a aprovechar los programas creados por consejerías y departamentos, organismos, entidades, fundaciones, consorcios y hasta los desarrollados por terceros con dinero público.

El País Vasco, que ofrece la información que obra en su poder a través de Open Data Euskadi, no solo abraza la cultura del usar, copiar, modificar y compartir. Aspira a racionalizar los costes tecnológicos para evitar, por ejemplo, que nueve entidades creen un traductor del castellano al euskera con el dinero de todos y, encima, no se entiendan. “Transparencia, apertura y reutilización. También es fundamental hacer sostenible las inversiones, porque el proceso modernizador de la administración se basa, en la mayoría de casos, en el uso masivo de tecnología”, dice Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración.

Todas las entidades estarán obligadas a liberar, es decir a poner al alcance de otros el código fuente de los programas, información suficiente para entenderlo, su coste y hasta las “dependencias que tengan de software privativo”, el que no da acceso a sus tripas. El 46% de los organismos de la administración central había creado alguna vez programas en 2011. Mientras el 27% aprovechó los de otros, solo el 18% los liberó, según el Centro Nacional de las Tecnologías en fuentes abiertas (Cenatic). “Lo que más cuesta es abrirse, porque te evalúan, critican… En cambio, es fácil buscar soluciones con las que además te ahorras la licitación”, dice su director, Miguel Jaque.

El software propiedad del sector público vasco estará disponible gratuitamente para cualquier ciudadano en un directorio, vinculado al que mantiene el Centro Nacional de Transferencia Tecnológica (CTT), que enlaza con los otros existentes en Andalucía, Catalunya, Extremadura y  Europa. Hay más, como el del software libre gallego.  Siempre, claro está, que quienes aprovechen las creaciones ajenas mantengan en las suyas los cuatro principios básicos del software de fuentes abiertas: uso, copia, modificación y libre distribución. “Ser autocrático ya no es útil, lo importante es la colaboración”, asegura Elena Pérez Barredo, viceconsejera vasca de Administración Pública. Cuando se publique el decreto, faltan dos informes en su tramitación, el sector público estará también “obligado a ver y coger del directorio las soluciones, totales o parciales, que hay disponibles para adaptarlas a sus necesidades”.

Y si no van a aprovechar nada o pretenden crear un nuevo programa, “deberán argumentar por qué no lo hacen o qué tiene de especial ese software. De forma pública y transparente en el mismo directorio de programas, porque si nos gastamos el poco dinero que tenemos en un nuevo, dejamos de invertir en aquello que ya existe”. Las nuevas aplicaciones, además, incluirán las descripciones “funcional y de la arquitectura modular” y las medidas tomadas para “facilitar su reutilización”, incluyendo las fechas en que se prevé su liberación.

Las únicas excepciones a la obligación de apertura “que no a la de reutilización”, matiza Pérez Barredo, son los programas que afecten a la seguridad o sean de “los pocos casos” de colaboraciones público privada. Por ejemplo, cuando una fundación hospitalaria crea conjuntamente con las empresas programas para mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos. El objetivo es proteger la innovación y desarrollo (I+D+I) y permitir el retorno de la inversión. En aras de la transparencia, en ambos casos los responsables no se librarán de argumentar públicamente por qué afectan sus programas a la seguridad y al I+D+I.

El Gobierno vasco no se atreve a cifrar el ahorro que supondrá abrir y reaprovechar el software de su propiedad, pero “si evitamos duplicaciones, si no derrochamos en soluciones que no aportan valor añadido y si además lo compartimos, ahorraremos seguro”. El Ayuntamiento de Múnich (Alemania), que hace años optó por un modelo similar basado en fuentes abiertas, ha dejado de gastar un tercio de su presupuesto tecnológico, unos 4 millones de euros.

“Andalucía hizo un gran primer paso y ahora Euskadi da el segundo, porque es la primera comunidad que desarrolla el Real Decreto 4/2010, que establecía las condiciones no solo de la puesta a disposición pública sino de la reutilización de las aplicaciones”, explica Jaque. El organismo que dirige ha participado en la redacción del decreto, al igual que los 90 organismos de la administración vasca y las empresas tecnológicas. En su opinión, lo mas llamativo de la iniciativa es “la transparencia: “La ciudadanía podrá fiscalizar que hacen las administraciones con el dinero destinado a las TIC, porque las decisiones que se tomen serán públicas.